El 7 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recibieron en La Moncloa a una veintena de organizaciones que apoyan a migrantes, para garantizarles su compromiso con los derechos humanos de quienes tratan de llegar a España, en un momento en que Europa camina en sentido contrario. La nota oficial del encuentro titulaba con la voluntad del Gobierno de ser “un ejemplo en materia de política migratoria y de protección internacional en la UE”. En el centro de la conversación estaba el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en abril de este año, y del que España debe presentar un plan para implementarlo en su territorio antes de que acabe el año. Dos meses después, esas ONG reclaman que han estado por fuera de su elaboración y temen que derive en un paso atrás en las garantías para la inmigración en España.
